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23 de JUNIO-DÍA INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

BOLETÍN DE PRENSA

Las Naciones Unidas han declarado el 23 de Junio como el Día Internacional de los Servicios Públicos y la Internacional de Servicios Públicos-ISP, como federación sindical global representante de la fuerza laboral del sector, asume  este día como un momento de reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores públicos quienes los producen cotidianamente.  No obstante, la situación de estos trabajadores no corresponde a su trascendental rol en sociedades justas, equitativas y democráticas.   Esta situación fue evidenciada durante la intervención del Secretario General de la ISP, Peter Waldorff  en la 101ª  Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2012, donde manifestó su preocupación por las políticas de un número creciente de Estados que evidencian una tendencia regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad sindical: organización, negociación colectiva y huelga para los/as trabajadores/as del sector público.  Particularmente en los países Andinos, denunció como casos graves,  los de Colombia y Ecuador.

Ya en 2010, a través de un Estudio Comparado de la Legislación y Prácticas Laborales en el Sector Público de la Subregión Andina, la ISP determinó la gravedad de esta situación independientemente de las diferentes definiciones políticas de los gobiernos de turno, situación que ha sido ratificada en 2012, como una política sistemática dentro de las observaciones realizadas a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo-OIT 151 (relaciones de trabajo en la administración pública) y 154( negociación colectiva) y que tiene como común denominador:

Ø  Desigualdad ante la ley por la división social del trabajo en el sector público.

Ø  Desigualdad como sujetos de derechos a personas ligadas laboralmente al empleo público, a través de las leyes de carrera, situándolas ante el ejercicio de un “servicio civil”, que socialmente limita su condición de sujetos de derechos sindicales, siendo los casos más graves Bolivia y Ecuador.  

Ø  Reconocimiento jurídico parcial y restricción real de la negociación colectiva, siendo los casos más elocuentes Colombia, único país Andino que ha ratificado el Convenio OIT 154 que garantiza la negociación colectiva para empleados públicos y hasta el momento tal negociación no es posible, a pesar de la expedición del Decreto 1092; y Perú donde la negociación colectiva para empleados públicos sin estar reglada es ejercida de manera discrecional y con limitaciones presupuestales. 

Ø  Injerencia gubernamental en las organizaciones sindicales y gremiales,  con la consecuente pérdida de independencia y autonomía sindical, con ejemplos graves en  Venezuela y Ecuador, por los procesos de cooptación y paralelismo. 

Ø  Hostigamiento hacia las organizaciones sindicales y gremiales por parte de los gobiernos de turno y los empleadores, quienes han montado campañas mediáticas de desprestigio de las organizaciones, sus conquistas y la huelga, que en algunos casos llega hasta la criminalización de la lucha sindical en el caso de Ecuador y Perú; así como el asesinato a la dirigencia sindical en Colombia y en menor magnitud en Venezuela.

Ø  Flexibilización y desregulación laboral en el sector público que ha ocasionado una distorsión en el empleo público y la eliminación paulatina de las relaciones colectivas de trabajo con el Estado en todos los países Andinos.

Ø  Despidos masivos de trabajadores siendo el caso más dramático Ecuador en donde hasta el momento según cifras oficiales 15.000 trabajadores públicos de todas las categoría ocupacionales y profesionales han sido expulsados del sector público de manera arbitraria sin procesos legales o administrativos justos, imparciales, transparentes y expeditos.  En igual situación de inestabilidad laboral se encuentran los 120.000 trabajadores y trabajadoras provisionales en Colombia y en Perú se prevé que la nueva Ley del Servicio Civil amenace la estabilidad laboral

Esta situación presenta para la ISP una contradicción; mientras son los trabajadores y trabajadoras quienes a través de su trabajo construyen los servicios públicos, el Estado como empleador omnipotente reduce derechos e intenta desaparecer las organizaciones que los representan.  En estas condiciones los servicios públicos de calidad no son posibles. Hoy la ISP hace un llamado al mundo, para lograr una tributación justa (Robin Hood Tax-Impuesto Internacional sobre las Transacciones Financieras) que financie el desarrollo sustentable y los servicios públicos de calidad para todos y todas; y a los Gobiernos-Empleadores a parar la represión, el miedo y la masacre laboral.

RED ANDINA DE SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTATAL-RAAPE/ISP