viernes, 14 de mayo de 2010

¡LA UNIVERSIDAD ES DEL PUEBLO Y NO DEL GOBIERNO!


El gobierno de la “revolución ciudadana” representante de la nueva alianza burguesa, de los grandes industriales, de los empresarios, pretende imponer una Ley de Educación Superior que destruya a la universidad pública y al movimiento estudiantil.
El ataque hacia el sector popular y las organizaciones sociales es una constante en el gobierno. En el 2009 fue hacia los maestros quienes se declaraban en defensa la educación pública mientras el gobierno quería destruir su organización; al movimiento obrero le han perjudicado decretos presidenciales como el 1701 eliminando el derecho a la sindicalización de los obreros, revisión de contratos colectivos y despidos a mas de 400 000 trabajadores. Los campesinos antimineros han sido perseguidos y encarcelados por luchar en defensa de la tierra y en contra de las transnacionales auspiciadas por el gobierno, los compañeros indígenas de las comunidades se han levantado contra de la ley de aguas que pretende privatizar este recurso y beneficiar a los grandes empresarios, etc. La respuesta del gobierno ante todo esto ha sido la de reprimir brutalmente a campesinos, estudiantes secundarios y universitarios, quedando compañeros heridos de perdigones en la garganta y de bombas en su ojos.
Es necesario para el interés del capital ejercer un “control eficiente” del desarrollo del conocimiento y la investigación en la academia. La autonomía universitaria (pisoteada ya en la Constitución 2008), que debería ser entendida como la libertad académica en los centros universitarios para debatir libremente las cuestiones inherentes a la ciencia, se vuelve entonces una muralla necesaria de superar dentro de la política gubernamental.
Necesitan controlar la política académica, subordinar los centros universitarios a las directrices del gobierno, es decir someter a la ciencia. El proyecto de ley presentado por el gobierno persigue estas directrices; y las políticas académicas que obligatoriamente deben seguir las universidades y escuelas politécnicas se dictan desde el gobierno capitalista. Las rentas y recursos de las universidades, necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas, están condicionadas a ser entregadas solo cuando estas se sometan a las líneas dictadas desde el ejecutivo y su “Plan Nacional de Desarrollo”.
Al perder su autonomía, las universidades se quedan sin la capacidad de ser críticas ante los problemas de la sociedad y sobre todo críticas ante la política burguesa. El ataque a la ciencia se confabula en la priorización de ciertas ramas del conocimiento sobre las otras, en el abandono del método científico de análisis de la realidad.
Espíritu fundamental de la vida universitaria es el cogobierno, en el cual participan: estudiantes, trabajadores, profesores y autoridades. Con esta ley se ve afectado este derecho que fue conquista de la universidad pública en América Latina, reduciéndose la participación estudiantil y de los trabajadores universitarios.
Es objetivo claro del gobierno fragmentar al movimiento estudiantil, rompiendo su libertad de organización y acción. El abrir sumarios administrativos contra estudiantes organizados ahora es práctica común, se criminaliza la lucha estudiantil, las universidades y escuelas politécnicas son convertidas en comisarías, con métodos policíacos se investiga a cualquier tipo de organización de los estudiantes. El mantener una posición en defensa de la Universidad Pública, de la independencia del movimiento estudiantil y su libertad de organización, del libre ingreso, del desarrollo de la ciencia y la investigación, hoy es un crimen. Mientras los títeres de las autoridades universitarias promulgan, tras el discurso de la eficacia y la calidad, la venta de los derechos estudiantiles. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos.
¡Por una universidad del pueblo y para el pueblo!
¡La educación es un derecho no un privilegio!
¡Abajo el alto costo de la vida!
¡En unidad, en defensa de la universidad!


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